Política, Derecho y República: Una Historia Jurídica desde la Francia de la Revolución
Desde la codificación de Napoleón a las 5 Repúblicas
Política, Derecho y República: Una Historia Jurídica desde la Francia de la Revolución
Estratificación histórica del derecho francés
Hoy en día, el ordenamiento jurídico francés sólo contiene un pequeño número de normas que se remontan a la Revolución Francesa. Es cierto que dos de ellas son decisivas: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 – elevada a rango constitucional en 1958 – y la separación de las autoridades administrativas y judiciales resultante de leyes de 1790 que nunca han sido derogadas.
El Consulado y el Imperio nos legaron la matriz de la codificación: de los cinco códigos napoleónicos, cuatro han sido completamente revisados, pero el Código Civil contiene aún una pequeña mitad de los artículos de su versión de 1804. Desde Napoleón, Francia ha sido considerada como un país modelo de “derecho civil” – tomando su herencia romana y sometiendo a los tribunales a la aplicación estricta de la ley, a diferencia de los países de derecho anglosajón – con un Estado fuerte, que combina la codificación del derecho privado o penal y la separación del derecho administrativo basado en la doble jurisdicción.
Estabilidad del marco napoleónico
Al conciliar la herencia del antiguo derecho -técnicas derivadas del derecho romano o del derecho consuetudinario, así como un derecho de familia de estilo patriarcal en 1804 (incapacidad de la mujer casada, fuerte poder paterno, estatus inferior de los hijos ilegítimos)- y ciertos principios revolucionarios -como la ausencia de privilegios, la secularización de la ley, el derecho individual a la propiedad liberado de todo rastro de feudalismo-, el Código Napoleónico (como se llamó en 1807) ha dejado su impronta en el derecho privado francés hasta nuestros días. Desde 1804, el Código Civil ha consagrado una serie de normas fundamentales en el ordenamiento jurídico francés: el disfrute igualitario de los derechos civiles por parte de todos los franceses (artículo 6; la única excepción a esta igualdad, que encontramos en materia de sucesiones en 1804, era el artículo 1781 que daba crédito a la palabra del empresario en caso de litigio con el trabajador), el matrimonio civil, el derecho de propiedad (artículo 544), el respeto de los compromisos contractuales (artículo 1134) y la responsabilidad por culpa (artículo 1382) consagrados en fórmulas flexibles y abiertas a la interpretación de la jurisprudencia.
Los Códigos de Enjuiciamiento Civil (1806) y de Enjuiciamiento Mercantil (1807), así como el Código de Enjuiciamiento Criminal (1808) y el Código Penal (1810) fueron menos originales -en parte, reproducían las grandes ordenanzas de Luis XIV- y su contenido no gozó de la misma longevidad. No obstante, incorporaron los mismos principios básicos del derecho francés: el reconocimiento de una acción civil para la defensa de los derechos reales (reclamación de la propiedad por el demandante ante el tribunal del lugar donde se encuentra el objeto litigioso) y personales (reclamación del demandante contra el demandado citado ante el tribunal de su domicilio), la existencia de tribunales mercantiles a los que están sometidas las personas que realizan actos de comercio (fuera de todo marco societario), la incoación de procedimientos públicos por el ministerio fiscal, con un papel importante para las víctimas en forma de acción civil, la investigación de los delitos por la policía judicial, la investigación de los delitos y faltas más graves bajo la dirección de un juez de instrucción y los delitos juzgados por los assize courts con la participación de jurados ciudadanos.
El Código Penal de 1810 estaba muy en la línea del que le precedió en 1791, el primer código francés, obra de la Asamblea Constituyente. Fundamentado en la legalidad de las infracciones -divididas en contravenciones, “délits” y delitos de gravedad creciente- y de las penas (multas, penas de prisión, trabajos forzados, pena de muerte), también estableció normas que siguen siendo pertinentes hoy en día en el derecho penal francés: la irretroactividad de la ley penal, la tentativa de delito considerada como un delito en sí misma, las mismas penas para los cómplices que para los autores, la ausencia de responsabilidad penal para los dementes y la excusa de la minoría de edad.
Sobre la base de los textos revolucionarios que separaban las funciones administrativas de las judiciales (ley del 16-24 de agosto de 1790, decreto del 16 de fructidor del año III citado aún hoy), la constitución consular del año VIII (1799) creó el Consejo de Estado para “resolver las dificultades que surjan en materia administrativa”. Se trataba de asuntos contenciosos, y el periodo napoleónico vio el establecimiento de una jurisdicción administrativa con el Consejo de Estado, que también desempeñaba un papel consultivo para el gobierno, y los consejos de prefectura encargados en cada departamento de decidir los litigios entre los ciudadanos y el Estado sobre los impuestos y las obras públicas. La doble jurisdicción fue inicialmente un medio para que el Estado se defendiera y protegiera a sus agentes contra la intromisión de los magistrados judiciales. En 1806, con la creación de una comisión de lo contencioso en el seno del Conseil d'État y la utilización de abogados especializados para interponer recursos contra los actos administrativos, bajo ciertas condiciones, en particular los plazos, la justicia administrativa empezó a tener en cuenta en cierta medida los derechos de los ciudadanos y a desarrollar una jurisprudencia que no se regía por las normas del Código Civil.
Al tiempo que mostraban el mayor respeto por la codificación -símbolo de continuidad frente a la inestabilidad política de Francia en el siglo XIX, los regímenes que siguieron liberalizaron progresivamente un gran número de instituciones y normas resultantes de la obra de Napoleón. En derecho administrativo, el “recours pour excès de pouvoir”, recurso interpuesto contra un acto administrativo por un particular cuyo derecho subjetivo había sido vulnerado, implicó progresivamente a los ciudadanos para que las administraciones se ajustaran a la ley. Bajo el Segundo Imperio, en particular mediante un decreto de 1864, este recurso por exceso de poder se individualizó claramente, con la exención de la obligación de estar representado por unabogado.
La Monarquía de Julio realizó las primeras revisiones importantes de los Códigos napoleónicos. La reforma de 1832 suavizó la represión en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal creando circunstancias atenuantes, suprimiendo el castigo de la marca y el puñetazo por parricidio y rebajando las penas de muchos delitos. En 1838, se suavizaron los rigores de la quiebra en el Código de Comercio. El Código Civil se vio inicialmente menos afectado por las nuevas leyes: no se trataba de modificar un orden familiar que se basaba en la abolición del divorcio desde una ley aprobada por la Restauración en 1816. Napoleón III fue el primero en introducir una mayor libertad en el derecho privado, en particular liberando a las sociedades anónimas de la necesidad de autorización gubernamental (1867), suprimiendo el delito de coalición (1864) y la desigualdad entre amos y obreros en el artículo 1781 del Código Civil (1868).
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Evolución contrastada entre 1880 y 1945
En su primer periodo, antes de 1914, la Tercera República adaptó el derecho francés a los valores republicanos de libertad, igualdad y laicismo. El texto muy sucinto de las leyes constitucionales de 1875 – consolidado por una enmienda de 1884 a la que debemos, incluso en nuestro derecho actual, la idea de que la forma republicana del Estado no está sujeta a revisión – no se prestaba a la efectividad de un derecho constitucional sancionado por los tribunales. Los republicanos (su partido político) tampoco emprendieron una revisión completa de los códigos napoleónicos: el intento de poner en marcha un proceso para redactar un nuevo Código Civil fracasó tras la constitución de una comisión en 1904. Sin embargo, la legislación aprobada por el Parlamento se convirtió en un instrumento proactivo de la política de reforma pretendida por las mayorías republicanas.
Las grandes leyes liberales del 30 de junio de 1881 (sobre las reuniones públicas) y del 19 de julio de 1881 (sobre la prensa) pusieron fin al sistema de autorización previa y de censura. El texto de 1881, que sigue sirviendo de marco a nuestra ley de prensa, somete las injurias y la difamación a un derecho penal específico, al tiempo que intenta preservar la libertad de opinión. En 1884, la ley municipal da primacía al principio de los alcaldes elegidos (excepto en París, que tuvo que esperar hasta 1977), al tiempo que se reconoce la libertad de los sindicatos, que pueden adquirir personalidad moral o jurídica con una simple declaración. Debido al temor a las congregaciones, la libertad de asociación no se consagró hasta la ley de 1 de julio de 1901. Tras el establecimiento de la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica (1881-1882) y la reinstauración del divorcio en el Código Civil (1884), la separación de la Iglesia y el Estado (1905) hizo del laicismo uno de los pilares del régimen republicano.
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Bajo la presión de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas – en particular la devaluación del franco – el Estado republicano interviene más en la economía y la sociedad entre 1914 y 1940. El sector público se amplió para incluir empresas semipúblicas, lo que dificultó el trazado de la línea divisoria entre el derecho público y el privado (que se aplicaba a muchas de las actividades de los establecimientos industriales y comerciales públicos). Un conjunto de leyes a partir de 1918 pone fin a los alquileres urbanos y una ley de 1926 crea una forma de “propiedad comercial” protegiendo al inquilino de una empresa mediante el derecho de renovación y de indemnización en caso de desalojo. La reforma del derecho civil fue más lenta: tras la extensión de laadopción a los menores (1923), la ley de 1938 que suprimía la potestad marital marcó la tardía adhesión de Francia al movimiento deemancipación de la mujer casada.
El “Front Populaire” fue más audaz en la modernización del derecho laboral, con la semana de 40 horas, dos semanas de vacaciones pagadas, la introducción de los representantes del personal y la posibilidad de prorrogar los convenios colectivos concluidos por las organizaciones más representativas. El periodo de entreguerras también fue decisivo para el desarrollo de ramas específicas del derecho: urbanismo (extensión de las normas de higiene a las urbanizaciones y primeros planes de desarrollo), vivienda (crecimiento mesurado del sector de las “viviendas de bajo coste”), seguros (Ley de 1930), derecho de sociedades (con la introducción de las sociedades de responsabilidad limitada tomadas de la legislación alemana en 1925). Al mismo tiempo, la Cour de cassation y el Conseil d'État siguieron construyendo las “catedrales jurisprudenciales” sobre responsabilidad civil y servicios públicos que habían iniciado a finales del siglo XIX y principios del XX.
Los cuatro años del régimen de Vichy (1940-1944) no deben pasarse por alto en la historia del sistema jurídico francés. Muestran cómo la legalidad republicana y los valores que se supone que defiende pueden dar paso a una legislación autoritaria, promulgada únicamente por el gobierno, cuyo valor como derecho positivo apenas ha sido cuestionado por los juristas y menos aún por los tribunales. Las leyes del 3 de octubre de 1940 y del 2 de junio de 1941 sobre el estatuto de los judíos y toda la legislación antisemita que las acompañó, la suspensión retroactiva de la naturalización, la ampliación de los procedimientos de internamiento administrativo sin control, la creación de tribunales especiales que fallaban sin apelación y estaban exentos del cumplimiento de un gran número de normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal nos recuerdan que las “tradiciones” del “país de los derechos humanos” no tenían mucho peso frente a la legislación emanada de un régimen que fue generalmente obedecido hasta su caída. Varias reformas de la legislación de Vichy, que también pretendía restringir el divorcio e intensificar la represión delaborto, se mantuvieron tras la Liberación, y de hecho continúan hasta hoy: el establecimiento de la Orden de Médicos, el documento nacional de identidad, la transformación de los tribunales de assize en tribunales de magistrados en los que jurados y magistrados deliberan juntos sobre hechos y leyes…
Modernización acelerada desde 1945
El periodo en torno a la Liberación y el inicio de la Cuarta República supuso otro punto álgido en la historia del derecho francés. La creación de la seguridad social (precedida, es cierto, por las leyes de 1928 y 1932 sobre el seguro social y los subsidios familiares), la instauración de los comités de empresa, la reforma del derecho de nacionalidad reunida en un Código, las ordenanzas de 1945 sobre la entrada de extranjeros en Francia y sobre la justicia de menores, el estatuto de los arrendamientos rústicos (que otorgaba a los agricultores y aparceros el derecho a renovar sus arrendamientos, así como un derecho de tanteo en caso de venta de las tierras) consagraron por ley todo un conjunto de normas de carácter social, muchas de las cuales estaban destinadas a seguir en vigor más de medio siglo después. Una vez más, el Estado fue el impulsor de un esfuerzo de renovación del derecho que, si bien no afectó al marco de la codificación napoleónica -un nuevo intento de revisión del Código Civil fracasó-, sí afectó a todos los sectores de la sociedad y de la economía (fue también el periodo de las nacionalizaciones y del control de precios).
Tras una relativa calma en los últimos años de la Cuarta República, 1958 marcó otro punto de inflexión, cuyos efectos perduran hasta nuestros días. La Constitución de la V República consiguió – junto con otros factores políticos, como el “fenómeno mayoritario” a favor del partido gaullista – garantizar la estabilidad institucional gracias a un ejecutivo fuerte. Éste está encabezado por un Presidente de la República, cuya legitimidad se ha visto singularmente reforzada por la elección por sufragio universal tras la reforma constitucional de 1962 (que en sí misma se ajustó poco al texto de la Constitución). Pero la Constitución va más allá al redefinir toda la jerarquía de fuentes del derecho francés. Ahora es ella misma un texto que puede ser sancionado por el Consejo Constitucional, creado para controlar la conformidad de las leyes con sus disposiciones. El ámbito de aplicación de la ley se restringió en relación con los reglamentos (decretos del Presidente de la República y del Primer Ministro) dictados por el ejecutivo. A partir de 1958-1959, las ordenanzas que reformaban el mapa judicial, establecían el estatuto de la magistratura, organizaban el procedimiento presupuestario y modificaban la ley de expropiación rejuvenecieron ámbitos enteros del derecho francés.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):
La Quinta República reanudó una política voluntarista de revisión sistemática del derecho francés, que ahora se extendía a los códigos napoleónicos. En 1958 sustituyó al Código de Procedimiento Penal. En los años 70, tras los trabajos de una comisión de juristas presidida por el Ministro de Justicia Jean Foyer, el procedimiento civil fue completamente revisado en un nuevo Código de Procedimiento Civil, que entró en vigor en 1975. En lo que respecta al Código Civil, se adoptó un enfoque más suave bajo la influencia del decano Carbonnier, que preparó toda una serie de textos para el gobierno, reformando el derecho de familia pieza por pieza. Se optó por respetar la estructura formal del Código napoleónico – y la numeración de sus artículos – al tiempo que se llevaba a cabo una profunda modernización del Libro I y parte del Libro III. Siguieron leyes sobre la tutela (1964), los regímenes matrimoniales (1965) y la adopción (1966), y después sobre laautoridad o patria potestad (1970), la filiación, en derecho, (1972) y el divorcio (1975). Combinada con los efectos de los acontecimientos de mayo de 1968, la autorización de la píldora anticonceptiva (1967) y la interrupción voluntaria del embarazo (1975), la rebaja de la mayoría de edad a los 18 años en 1974 marcó el fin del derecho de familia napoleónico dominado por el padre y el marido.
Esta “primavera de leyes” también afectó a las ayudas estatales a los centros de enseñanza privados (Ley Debré de 1959), a la ordenación del territorio en materia agrícola (Leyes de Orientación Territorial de 1960 y 1962), al derecho de sociedades (Ley de 1966, muy sensible a la influencia alemana), el urbanismo (ley de 1967 por la que se crean los planes de ordenación del territorio), el derecho laboral (con las leyes de 1973 y 1975 sobre despidos y la finalización del Código Laboral iniciado en 1910), a la espera de una legislación que proteja los derechos de los consumidores o el derecho medioambiental en la década de 1970. La modernización se aceleró con la entrada en vigor de la primera legislación europea en virtud del Tratado de Roma (1957).
La llegada de la izquierda al poder inauguró un nuevo ciclo en 1981. La abolición de la pena de muerte, el fin del monopolio de la radiodifusión pública y la ratificación por Francia del protocolo que autoriza los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marcaron rápidamente un punto de inflexión en materia de libertades civiles. Mientras que las nacionalizaciones de 1981-1982, las leyes Auroux de 1982 que modificaban casi un tercio del Código Laboral y la ley Quillot de 1982 sobre las relaciones entre propietarios e inquilinos constituían un intento de ruptura con el pasado de inspiración socialista, la recodificación del Código Penal (iniciada en 1981 y finalizada en 1992) y el relanzamiento de la “codification à droit constant” (recopilación de textos adoptados anteriormente sobre el mismo tema) evidenciaban la continuidad con los gobiernos anteriores de la V República.
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El relevo, con una sucesión de mayorías de derechas y de izquierdas a partir de 1986, aceleró considerablemente el ritmo de los cambios legislativos en las dos últimas décadas. Esto condujo a una serie de cambios de ida y vuelta – entre nacionalizaciones y privatizaciones, entre leyes más o menos favorables a los inquilinos – y sobre todo a una acumulación de reformas sobre los temas más sensibles: el procedimiento penal (los derechos de las personas bajo custodia policial incluyen el acceso a un abogado desde 1993), el derecho de inmigración, el derecho de familia (creación de los Pacs en 1999 y reforma del divorcio en 2004), los planes de reactivación y de despido de las empresas, la lucha contra la exclusión, la búsqueda del equilibrio de las cuentas de la seguridad social, etc.
“La dominación francesa trajo consigo toda una serie de innovaciones en la forma de gobernar el Reino. Fuera el feudalismo y dentro la propiedad privada. Salió un desordenado conjunto de costumbres locales, jurisdicciones baroniales y eclesiásticas, y ordenanzas públicas: entró un nuevo código de derecho civil y los inicios de una fuerza policial. El sur de la península italiana empezó a parecerse a un estado moderno y centralizado”.
– John Dickie ("Hermandades de sangre: una historia de las tres mafias italianas")
"Más vale que un animal no humano tenga un buen abogado. En 1508, Bartholomé Chassenée ganó fama y fortuna por su elocuente representación de las ratas de su provincia francesa. Estas ratas habían sido acusadas de destruir la cosecha de cebada y también de ignorar la orden judicial de comparecer y defenderse. Bartholomé Chassenée argumentó con éxito que las ratas no habían acudido porque el tribunal no había proporcionado una protección razonable contra los gatos del pueblo a lo largo de la ruta".
- Karen Joy Fowler ("Todos estamos completamente solos")