El Problema de la Autoridad Política: Enfoque Filosófico

Un Examen de su Evolución, del Derecho a Coaccionar y del Deber de Obedecer en el Marco de la Filosofía Política (Parte 1)

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El Problema de la Autoridad Política: Enfoque Filosófico

A menudo se atribuye al Estado un tipo especial de autoridad, que obliga a los ciudadanos a obedecer sus órdenes y faculta al Estado para hacer cumplir esas órdenes mediante amenazas de violencia. Algunos autores argumentan que esta noción es una moral que nadie ha poseído nunca ese tipo de autoridad. Pero el estudio de la autoridad viene de largo, y en esta primera parte nos centraremos en ello.

Antecedentes: La Autoridad (Filosofía Política)

Constantemente debatiéndose entre la aproximación conceptual y la instrumentalización ideológica, la noción de autoridad requiere un uso especialmente cuidadoso. Por un lado, está vagamente comprendida por el sentido común, que la utiliza indistintamente como sinónimo de poder, fuerza,influencia o dominación. Por otra parte, es movilizada por los análisis contradictorios sostenidos en el debate sobre la «crisis de valores»: las distintas soluciones, «permisivas» o «reaccionarias», preconizadas para remediar los efectos deletéreos sobre el vínculo social de su supuesto declive en las sociedades democráticas, todas la invocan. De hecho, sólo mirando a la historia podemos hacer una valoración adecuada de este concepto complejo y delicado, que forma parte de una larga tradición de pensamiento en la encrucijada de la filosofía política y las ciencias sociales.

▷ En la Antigua China

Uno de los libros clave sobre la autoridad política oriental es “Arte, mito y ritual: el camino hacia la autoridad política en la antigua China”, de Kwang-chih Chang. Este destacado estudioso de la arqueología china en Estados Unidos pone en tela de juicio antiguas concepciones sobre el ascenso de la autoridad política en el territorio de la antigua China. Cuestionando el concepto de Marx de un modo de producción «asiático», la «hipótesis hidráulica» de Wittfogel y las teorías cultural-materialistas sobre la importancia de la tecnología, Kwang-chih Chang construye un impresionante contraargumento, que abarca desde recientes descubrimientos arqueológicos hasta estudios de mitología, poesía china antigua y la iconografía de los recipientes de comida Shang.

“El Imperio del Vacío: Arte Budista y Autoridad Política en la China Qing”, de Patricia Ann Berger, se ocupa de un período concreto de la historia política china. El apoyo y mecenazgo imperial manchú del budismo, sobre todo en Mongolia y Tíbet, se ha tachado a menudo de cínica manipulación política. Este libro cuestiona esta generalización examinando desde una nueva perspectiva el enorme caudal de pintura, escultura y artes decorativas budistas que los artistas de la corte Qing produjeron para su distribución por todo el imperio. Examina algunos de los fundamentos budistas de la visión Qing del gobierno y muestra hasta qué punto las imágenes eran fundamentales en la retórica cuidadosamente razonada que la corte dirigía a sus aliados budistas del Asia interior. Los emperadores Qing, multilingües y culturalmente fluidos, pusieron en práctica una extraordinaria variedad de estilos visuales: chino, tibetano, nepalí e incluso el barroco europeo traído a la corte por los artistas jesuitas. Sus proyectos pictóricos, escultóricos y arquitectónicos escapan a un análisis fácil y plantean cuestiones sobre la diferencia entre la descripción verbal y la pictórica, las formas en que el significado manifiesto y encubierto podía incrustarse en las imágenes mediante la yuxtaposición y el collage, y la recopilación y crítica de pinturas y caligrafías que estaban pensadas como soportes para la práctica y no inicialmente como obras de arte.

Revisemos su evolución en Occidente, a continuación.

Los primeros conceptos de autoridad

En su origen, la filosofía política de Platón (428-347 a.C.) contribuyó de forma decisiva al exponer en términos esencialistas una concepción del poder que rompía con el contractualismo dominante de los sofistas, desde Protágoras (490-420 a.C.) hasta Licofrón, alumno de Gorgias (480-374 a.C.). Para estos sofistas, la autoridad se entendía en gran medida como el producto artificial de un acuerdo entre los hombres para garantizar su armonía, no tanto en nombre de principios universales como en términos de objetivos prácticos y específicos a alcanzar.

Coacción y Obediencia en Platón

En “La República” (Libros VI y VII), en cambio, la autoridad se consagra en un orden superior, el de la Razón (“Logos”) y las Ideas, que es el único que puede garantizar la plena legitimidad de su ejercicio sin exponerla a los caprichos de las voluntades individuales y a la tiranía de la opinión y la subjetividad. La conducta de los gobernados se rige entonces por las normas trascendentes de este orden, que, al no encajar bien en el régimen democrático, será sostenido políticamente por la clase de gobernantes más familiarizada con las formas inteligibles puras, a saber, la de los reyes-filósofos.

Platón tuvo que abandonar la tierra para construir un caso de autoridad. Puso en marcha la maquinaria de las recompensas y los castigos en el más allá, "un mito en el que el propio Platón no creía ni quería que creyeran los filósofos". El mito del infierno al final de la República estaba dirigido a quienes no son capaces de la verdad filosófica. En las "Leyes", Platón aborda el mismo nivel de perplejidad que le llevó a crear el infierno, pero de forma opuesta; aquí "propuso un sustituto de la persuasión, la introducción a las leyes en las que se debe explicar a los ciudadanos su intención y propósito". Tanto ir al infierno como citar la ley proporcionaron a Platón formas de localizar la coacción sin violencia. El principal dilema de su filosofía política exigía a Platón encontrar un medio de coerción que se separara de la violencia y resultara más fuerte que la persuasión y la argumentación.

Apartadas de la voluntad humana y de la arbitrariedad individual, estas idealidades supremas permiten convertir la práctica del poder simple en un tipo de autoridad incuestionable, cuyo ejercicio no requerirá ni fuerza bruta ni violencia por parte de sus poseedores, que se someterán no por coacción, sino libremente, por deber de obediencia. El poder adicional que ofrecen el conocimiento y el intelecto en comparación con el mando ordinario revela el mecanismo oculto mediante el cual se construye imperativamente la autoridad en Platón: una legitimidad artificial adornada de trascendencia, para proteger mejor de la impugnación a quienes la reclaman.

Desde Aristóteles

Aristóteles, en su “Política”, también utiliza un argumento prepolítico para justificar el origen de la distinción que hace entre «los que mandan y los que son mandados». En este argumento, un orden cósmico, cuya existencia se supone implícitamente, establece diferencias entre los seres en nombre de la Naturaleza (“Physis”) y autoriza que estas diferencias se instituyan socialmente mediante una distribución desigual del poder. Junto a esta separación clásica entre pensamiento y acción, el ejercicio de la ciudadanía, mediante el cual los individuos de la ciudad (polis) alcanzan la condición de hombres libres y forman juntos una comunidad de iguales, se opone al sistema monárquico que los jefes de familia, como ancianos, imponen a sus hogares. Como condición necesaria para la participación política, presupone la liberación de las necesidades materiales y físicas inherentes a la comunidad familiar mediante una economía doméstica basada en la esclavitud. Pero aunque este preámbulo proporciona una fructífera introducción a la separación de las esferas privada y pública, también se esfuerza por dar cuenta de los fundamentos y las formas que adopta la autoridad en los asuntos de la ciudad. A falta de reducir la autoridad a la expresión de la dominación ordinaria y de asimilar la política a un acto pedagógico, el ejemplo de las relaciones entre jóvenes y viejos que Aristóteles utiliza para ilustrar los fundamentos naturales de la relación entre gobernantes y gobernados no es realmente apropiado, como no sea para poner al descubierto la retórica que puede movilizarse con pretextos educativos cuando la voluntad de poder es muy real.

En la antigua Roma, la civitas romana dotaba a la autoridad de un significado más preciso, al tiempo que la envolvía en una última forma de trascendencia, tras las proporcionadas por el Logos y la Physis. El término latino “auctoritas” (autor), derivado a su vez del verbo augere (aumentar), se refiere a la santificación del pasado a través de la tradición, y más concretamente al carácter sagrado de la fundación de la ciudad en la política romana. El apego a los orígenes y a los recuerdos, simbolizados por Jano y Minerva, se refleja en la institución del Senado, que, como guardián de la eternidad, se encarga de la tarea religiosa de vincular (“re-ligare”) el presente con el pasado, de iluminar el presente interpretando fielmente los legados del pasado.

Su autoridad, recibida y transmitida por los primeros fundadores (los maiores), consistía por tanto en actos políticos conservadores y respetuosos con las enseñanzas inmemoriales, destinados a consolidar esta herencia ancestral y que pretendían dar ejemplo. Ni consejo ni orden, la autoridad del Senado, como relata Cicerón en su Tratado de las Leyes, adoptaba la forma de un consejo al que, en virtud de su carácter sagrado, el pueblo se sometía naturalmente. Limitada a proporcionar únicamente una especie de garantía superior para las decisiones pendientes de confirmación, la autoridad establecía así una relación entre el Senado y el pueblo que no era en modo alguno comparable a la existente entre amo y siervo.

La entrada dela Iglesia en el campo de la política, tras la decadencia del Imperio, favoreció la síntesis de las concepciones griega y romana. La construcción de la «ciudad de Dios» debía partir, sobre todo en la obra de Santo Tomás de Aquino, de una clara separación entre el poder, dejado a los príncipes, y la autoridad, reservada a la Iglesia, haciendo de la vida de Cristo el acontecimiento fundador de una nueva narrativa de los comienzos llevada adelante por los Apóstoles y los Padres de la Iglesia. La doctrina de la revelación, combinada con la incorporación del mito platónico del infierno al dogma cristiano, garantizó que el clero, en nombre de la «buena vida» y la salvación de las almas, pudiera desempeñar sus poderosas funciones mundanas de control de las conciencias e injerencia en los asuntos del reino, basándose en un punto de referencia moral inspirado desde el exterior por la ley y la justicia divinas.

“Hay muchos casos en los que no podemos decir si una ley es justa o injusta; la justicia es un tema difícil. ¿Qué debemos hacer entonces? En los casos en que no sepamos si la ley es justa, sencillamente no sabremos si está permitido infringir esa ley. No puedo decir nada aquí que haga que los lectores puedan saber en todos los casos lo que es justo o lo que deben hacer. Mi único consejo para tales situaciones es que uno investigue más sobre el tema (quizá en la literatura de filosofía ética y política) y luego ejerza su mejor juicio.

Para algunos, este punto de vista será insatisfactorio. Un punto de vista más satisfactorio sería el que proporciona una regla sencilla, más o menos mecánica, sobre lo que hay que hacer en todos los casos. Por ejemplo, si pudiéramos decir: «En caso de duda, obedece siempre la ley», a muchos les parecería una postura más satisfactoria que la de que a veces no podemos saber si debemos obedecer la ley o no.”

-Michael Huemer

El alarmismo y la paciencia, mediante un hábil sistema de sanciones y recompensas, representaban las dos caras de una política de terror y violencia que la acción autoritaria podría apoyar en adelante.

La modernidad política

En lugar de lo divino, la modernidad política establece un ideal de razón bajo el que se sitúa la autoridad, basada en una forma más legal de trascendencia, el Estado. Teorizado por Maquiavelo (El Príncipe, 1513), el Estado es el resultado de un pacto original y voluntario entre los hombres, que ceden parte de su poder a la voluntad general y a su representante, para regular ellos mismos sus relaciones de subordinación. Desde Hobbes (Leviatán, 1651) hasta Rousseau (“El contrato social”, 1762), pasando por Montesquieu (El espíritude las leyes, 1748) y Locke (Tratado sobre el gobierno civil, 1690), las teorías del contrato declinan este nuevo mito de los orígenes, a pesar de la diversidad de formas políticas de gobierno propuestas (absolutismo o liberalismo). Entendida como el conjunto de atributos necesarios para el ejercicio del poder, la autoridad se enfrenta entonces a la cuestión de su compatibilidad con los derechos fundamentales del individuo, que exigen sacarla de la esfera privada para que el poder político perdure (Benjamin Constant, “Principes de politique”, 1815; “De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes”, 1819).

Establecida inicialmente por los conservadores (Edmund Burke, Louis de Bonald), pero también por Hegel, la oposición entre la autoridad social tradicional de las comunidades y el poder político del nuevo orden social resultante de la Revolución alimentó el pensamiento de los primeros sociólogos. El racionalismo positivista de Auguste Comte, por ejemplo, se cerraba con un llamamiento al retorno a un sistema de autoridad tomado del modelo familiar y corporativo de la Edad Media. Por su parte, Alexis de Tocqueville (“De la démocratie en Amérique”, 1835-1840; “L’Ancien Régime et la Révolution”, 1856) advirtió que, a pesar de los orígenes igualitarios de la democracia y de las ganancias en libertad individual que proporcionaba, podía conducir al poder tiránico si no existían controles y equilibrios y si se despojaba de su autoridad a las diversas instituciones intermediarias antiguas.

Por el contrario, para Karl Marx (“La cuestión judía”, 1844), el Estado democrático, cuya autoridad debe limitarse a garantizar los derechos individuales, constituye, frente al egoísmo ambiente de la sociedad civil, una oportunidad comunitaria para iniciar el proceso de centralización y emancipar al hombre de la alienación establecida por el poder político al concederle, desde la esfera económica, un derecho de opresión. Sin embargo, según Engels (“Sobre la autoridad”, 1874), el derrocamiento del capitalismo y el fin del Estado no significarían la desaparición de la autoridad, que persistiría en las condiciones tecnológicas y organizativas del trabajo en la gran industria. Según Proudhon, el futuro está más bien en las grandes federaciones y, dentro de ellas, en la multiplicación de las fuentes de autoridad social que liberarán al individuo de las fuerzas coercitivas del Estado centralizado (“Du principe fédératif”, 1863).

Noción Sociológica

Desde “De la division du travail social” (1893), que contrapone la autoridad de tipo militar de las sociedades con solidaridad mecánica a la más ligada a los papeles y funciones desempeñados en las sociedades con solidaridad orgánica, hasta El suicidio (1897), que trata de los efectos negativos de la anomia social sobre el individuo, el conjunto del pensamiento de Émile Durkheim está impulsado por la constatación de la falta de autoridad de las distintas instancias reguladoras, y propone como remedios la disciplina moral y la educación.

La reconstrucción del proceso de racionalización que ha experimentado Occidente a lo largo de su historia llevó a Max Weber, en Economía y Sociedad (1922), a desarrollar una auténtica sociología de la autoridad, en la que distinguía tres tipos puros de legitimidad para ejercerla (tradicional, carismática, legal), antes de pasar a identificar la orientación masiva de los comportamientos hacia las regulaciones procedimentales y administrativas, que, en su versión burocrática última, corren el riesgo de socavar el espíritu de la democracia. Weber también merece crédito por esbozar dos tradiciones políticas de la autoridad, dependiendo de si la vemos como el producto de un mecanismo institucional o como la marca de un líder.

En esta línea, Georg Simmel (“Sociologia”, 1908), convencido de las virtudes de cohesión y lealtad que aporta la autoridad, la definió como una interacción que adopta diversas formas ideales (centralización individual, subordinación a una pluralidad, subordinación a un principio) características de los sucesivos regímenes políticos europeos (monarquía, república, organización moderna). Más tarde, Alexandre Kojève, en 1942, identificaría cuatro formas puras de autoridad (del Padre, del Jefe, del Juez y del Maestro) que se ordenan en el tiempo desde un punto de vista metafísico.

«A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos a menudo, y por la misma razón».

- Mark Twain

Entre los juristas, frente al normativismo jurídico de Hans Kelsen (“Teoría general del derecho y del Estado”, 1945), que diluye la autoridad en la objetividad anónima de las leyes que la legitiman y en las funciones profesionales y la división del trabajo de un personal político que la detenta en forma de poderes de gobierno diversos y limitados, Carl Schmidt considera que «es soberano quien decide la decisión excepcional» (“Teología política”, 1922). La constitucionalidad del Estado de Derecho no excluye, según este jurista servil a los nazis, formas absolutistas de ejercer el poder en determinadas situaciones en las que la autoridad de un individuo carismático se afirma al margen del positivismo jurídico-político, y se impone mediante decisiones que, apelando a convicciones, valores o fines últimos, rompen momentáneamente con las normas y principios democráticos.

De este modo, la toma de decisiones restablecería la política como una actividad concebida para gobernar, y no sólo como un acto de gestión y administración tecnocrática que conduce a la disolución de las responsabilidades y, en última instancia, a la erosión de la autoridad. Más en general, está en la propia naturaleza de la política inventar constantemente nuevas formas de autoridad.

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Pero fue en gran medida sobre el tema de su declive sobre el que se escribió la partición de la autoridad en el siglo XIX. Según Hannah Arendt, que la define como «opuesta tanto a la coerción por la fuerza como a la persuasión por el argumento», el origen de este declive reside en el desmantelamiento gradual de la sólida trinidad que formaba con la religión y la tradición en la época romana, dando al mundo una permanencia que la Iglesia fue la primera en socavar mediante la nueva violencia introducida por la amenaza del infierno.

La teoría crítica de Adorno y Horkheimer, por otra parte, subrayó la inquietante vitalidad de la autoridad en formas degradadas en el proceso de racionalización que pone en marcha la economía capitalista. Lejos de ser una mera cuestión de legitimidad, Adorno subrayó, en su ensayo La personalidad autoritaria, que la autoridad se refiere a una predisposición psicológica a la vulnerabilidad, a la que las formas históricas y sociales responden favorablemente. Mientras que Kurt Lewin, junto con Ronald Lippitt y Ralph White, habían destacado el bajo nivel de agresividad mostrado por los miembros de un grupo bajo un liderazgo autoritario, en comparación con formas de liderazgo más permisivas (democráticas o laissez-faire), Stanley Milgram, en su libro de 1974, mostró la obediencia ilimitada que los individuos pueden mostrar hacia una víctima inocente, sin ningún sentimiento de culpa o responsabilidad.

La misma observación fue hecha a su manera por La Boétie, y denunciada en su propia época, cuando explicó esta propensión a la sujeción voluntaria, a pesar de su carácter antinatural, por el esfuerzo necesario para conquistar la libertad y el consuelo que, en última instancia, se puede encontrar en la opresión (Discurso sobre la servidumbre voluntaria, o el “Contr’Un”, 1548).

Así pues, la autoridad, como necesidad, parece permanecer intacta. Sin embargo, frente al creciente sentimiento de ilegitimidad que inspira su ejercicio brutal, un ideal de cooperación democrática está ocupando el lugar del «mando-autoridad», en el que la discusión entre «socios-rivales» establece las condiciones para que la decisión sea aceptable para todos.

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Si hoy existe una crisis de la autoridad, es más, según algunos autores contemporáneos, en el sentido de un aumento de la crítica, en nombre de los derechos individuales, contra las justificaciones arbitrarias y la voluntad de sobrepoder que la sustentan, que en la denuncia de su existencia como tal.